Hay que acelerar la modernización de todos los sectores de la economía para poder adecuarlos al nuevo objetivo nacional.

En estos próximos meses todas las áreas del Estado nacional deberán establecer sus prioridades y planes de gestión para ser presentados dentro del proyecto de Presupuesto Nacional del año próximo ante el Congreso de la Nación.

Este proceso incluye la consulta a gobernadores y ministros provinciales para acordar las erogaciones en las que incurrirá la Nación. Si bien la Ley de Presupuesto suele ser poco respetada, constituye un instrumento fundamental en el que se reflejan las prioridades del gasto y las principales ideas sobre desarrollo del país.

Será el primer presupuesto que se elabora luego de que el país asumiera, a fines de 2020, sus nuevas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Esta actualización del compromiso argentino a 2030 ante el Acuerdo de París representa una seria restricción para muchas actividades: las emisiones de GEI ya no pueden crecer.

Esto implica que debemos acelerar la modernización de todos los sectores de la economía para adecuarlos al nuevo objetivo nacional. Por eso, es necesario dotar de un nuevo sentido a las inversiones en obra pública y a la promoción de los sectores económicos.

En síntesis, la nueva meta climática implica que en los próximos 10 años las emisiones de GEI producidas por la industria, el uso del suelo y las actividades energéticas no deberán aumentar; más aún, deberán sufrir una leve reducción. Según el último inventario nacional, en 2016 nuestro país emitió 364 millones de toneladas de CO2 equivalente. La meta actual implica recortar las emisiones a 349 millones de toneladas para 2030.

En esta nueva realidad, todo aumento de la actividad económica y de la expansión del consumo energético deberá ser “verde”. Y si bien la economía argentina se encuentra en un profundo estancamiento, lo que evita emisiones, debemos suponer que esta situación se revertirá en los años venideros.

En este contexto, en el Presupuesto 2022 deberán plasmarse los proyectos que son realizables en el marco de la descarbonización y excluirse aquellos otros que no lo son. ¿Tiene sentido continuar financiando la planta de carbón en Río Turbio? ¿Puede seguir desfinanciada la ley de bosques? ¿Cómo asignamos recursos para continuar con el despliegue de las fuentes renovables de energía? ¿Cuál será la lógica de los subsidios energéticos?

Para remarcar la importancia de estas decisiones, recordemos que la Argentina ha anunciado que, luego de la estabilización de emisiones hacia el año 2030, el país deberá continuar con un proceso de descarbonización vertiginoso para alcanzar la neutralidad de emisiones en el 2050. Esa meta se formalizará este año en el marco de las negociaciones climáticas en la COP26 en Glasgow, casi al mismo tiempo en el que se discutirá la Ley de Presupuesto en el Congreso.

El mundo está en camino de dejar atrás a los combustibles fósiles en los próximos 30 años. La tarea requerirá planificación por parte del Estado y un sin número de medidas de transición y de amortiguamiento de los impactos económicos y sociales que se generarán. Eso es lo que deberá reflejarse en los presupuestos nacionales de ahora en más.

Publicado originalmente en Clarín 25/07/2021